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Secuestro y asesinato del extensionista del INTA Carlos Llerena Rosas por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA)

Historia

La historia del INTA

A partir del comienzo autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, el INTA fue intervenido al igual que el conjunto de las dependencias estatales. El 24 de marzo de 1976 asumieron el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. El criterio de reparto tripartito entre las tres fuerzas fue utilizado tanto en el ejercicio del plan represivo, como en las intervenciones militares de diversos ámbitos. Ubicado bajo la órbita de la Marina, al frente del INTA fue designado primero un interventor militar, el capitán de Fragata de Infantería de Marina Alberto Rafael Heredia. Su sucesor David M. Arias, civil, ocupó el cargo de interventor desde el 22 de abril al 19 de noviembre de 1980, cuando volvió ser puesto en funciones el Consejo Directivo del instituto.

A nivel nacional, en los años previos al golpe de Estado, un entramado de “medidas de excepción” (Franco, 2012) había avanzado sobre la administración pública, el mundo laboral, el ámbito educativo y la circulación de la información, incrementando el control político e ideológico. Dentro de estas disposiciones, para el ámbito laboral y sindical se destacó la Ley de Asociaciones Profesionales, aprobada en noviembre de 1973.

También en INTA tres acontecimientos ubicaron el comienzo del ciclo represivo antes de 1976, que tomaría una envergadura inédita para país luego del golpe. En octubre 1974 fue asesinado el extensionista del INTA Carlos Llerena Rosas, secuestrado primero de uno de los locales del gremio APINTA. A fines del mismo año, una resolución del Consejo Directivo del INTA dispuso la cesantía de un grupo de trabajadores, y en Famaillá, provincia de Tucumán, fueron secuestrados y detenidos dos investigadores que trabajaban junto a una cooperativa de trabajo (la cooperativa Campo de Herrera), quienes serían dejados cesantes estando ya en el exilio. Al mismo tiempo, durante los años previos, las tareas de espionaje realizadas en el INTA, ampliamente documentadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), generaron una serie de informes sobre trabajadores del organismo, que luego fueron utilizados para instrumentar la represión al interior del organismo.

Durante la última dictadura, el terrorismo de Estado fue erigido como práctica sistemática en todo el país, combinando la puesta en marcha de un dispositivo ilegal con herramientas jurídicas e institucionales. Este dispositivo se basó fundamentalmente en el accionar represivo de “grupos de tareas” a escala nacional, centralizados por las Fuerzas Armadas, y en el establecimiento de centros clandestinos de detención (ubicados en dependencias policiales, militares y civiles) donde eran conducidas, retenidas, torturadas, y en muchas ocasiones asesinadas las personas detenidas-desaparecidas. El accionar represivo desplegado en el INTA incluyó detenciones y secuestros, implementación de cesantías, y aplicación de traslados del personal como herramienta punitiva. La intervención fue acompañada también por la designación de directores interinos en las unidades experimentales, la renovación de la conducción de departamentos y centros de investigación y de las agencias de extensión rural, así como la “modificación de los criterios de selección del personal” (INTA, 1978: 6).

El 29 de marzo de 1976, día de cobro, el CNIA ubicado en Castelar fue objeto de un operativo militar de gran despliegue. Gran parte del personal fue conducido al comedor del Centro e interrogado, sometidos algunos a simulacros de fusilamiento. Decenas fueron detenidos posteriormente y permanecieron por sesenta días en una comisaría de zona. Los testimonios registrados judicialmente refieren alrededor de doscientas detenciones. Pertenecientes al mismo Centro de Investigaciones ubicado en Castelar, otros cuatro integrantes del INTA fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. Dos de ellos, técnicos del Instituto de Suelos, delegados gremiales y militantes políticos, fueron detenidos en la vía pública y en el puesto de trabajo de INTA, respectivamente.

Carlos Costa, de 26 años, fue detenido el 13 de agosto de 1976 en el CNIA de Castelar y Gustavo Rodolfo Giombini, de 28 años, dos días antes en su domicilio. María José Rapela trabajaba como bibliotecaria del mismo Instituto. Fue secuestrada junto a su esposo el 30 de junio de 1977, e ingresada a la Ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) estando embarazada. Marta Sierra se había integrado como asistente a un equipo de Ecología que ya había sido desarticulado cuando comenzó la intervención militar, y para entonces cumplía funciones en la guardería del CNIA. Fue detenida y secuestrada en su hogar, mientras cumplía licencia por maternidad, el 30 de marzo de 1976. Miembro de la Agencia de Extensión Rural de Río Cuarto, Rita Alés de Espíndola fue secuestrada junto a su esposo a fines de 1977 en Los Sauces, Córdoba, y ambos fueron retenidos en el centro clandestino La Perla. Rita Alés estaba embarazada, su hija Victoria nació en cautiverio y fue recuperada por sus familiares. Hilda Leikis fue secuestrada junto a su esposo Federico Álvarez Rojas, físico de la CNEA, el 1 de octubre de 1976. Analista de sistemas, había trabajado en INTA como contratada poco tiempo antes. A los asesinatos de Carlos Alberto Llerena Rosas y Néstor Mocoroa, producidos antes del golpe militar, se sumó el de Juan Carlos Prádanos, investigador de la estación experimental de Ascasubi, secuestrado por un grupo de tareas tres días antes del golpe y posteriormente asesinado. Simultáneamente al operativo en Castelar, fue ocupado por personal militar un edificio de la experimental de Famaillá, en la provincia de Tucumán, presencia que se extendería por dos años. La estación experimental de Pergamino registró, también, presencia militar en dos oportunidades. Seis trabajadores fueron detenidos. Entre ellos se encontraba el jefe de la agencia de extensión rural, que ya había sido dejado cesante, y técnicos que habían participado de la conformación seccional del gremio, APINTA. Fue frecuente, como ocurrió en el caso del ingeniero agrónomo Alberto Golberg, quien permaneció dos años en el penal de Sierra Chica, que se les instara a firmar sus cesantías estando detenidos.

Los acontecimientos fueron seguidos de cerca por el gobierno estadounidense. Bajo el título “Firings and Arrest in Argentina Technological Institutes”, un telegrama emitido el 12 de abril de 1976 mencionaba la existencia de arrestos y de 300 cesantías en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y describía la situación del INTA . Así, se reconocía que el “saneamiento” sería favorable a las colaboraciones entre Estados Unidos y Argentina, al tiempo que se reconocía la existencia de algunos “errores”, entre los que se incluía la detención a antiguos becarios de programas financiados por agencias norteamericanas. Por otro lado, por entonces la comunidad científica internacional comenzaba a hacerse eco de las denuncias recibidas por colegas argentinos. El informe de la American Association for Advancement of Science (AAAS) incluía, años después, menciones a investigadores de la CNEA y el INTI, pero no contaba con datos sobre la situación del INTA.

Después de cuatro años, en 1980, el decreto 2.348 dictaminó la normalización del INTA y reorganizó el funcionamiento de su Consejo Directivo. En un acto presidido por el entonces secretario de Agricultura, Jorge Zorreguieta, fueron puestos en funciones las nuevas autoridades del organismo. El Consejo Directivo retomaba su composición habitual, con representantes del sector privado, el Ejecutivo (en esta oportunidad, designados por la Junta) y las universidades nacionales. El nuevo presidente recibió el nombramiento recordando que el INTA había sido “afectado antes de su intervención por una penetración disolvente que actuó destruyendo trabajos de investigación, experimentación y extensión” (La Prensa, 21/11/1980). El 5 de mayo del año siguiente Gobeé fue remplazado y Santiago Cuerva, hasta el momento en funciones como consejero representante de CRA, asumió la presidencia del Consejo Directivo. Dentro de la reconstrucción de las actas del Consejo de estos años se distinguen distintos discursos en torno a la figura del saneamiento. Esta categoría, propia del quehacer técnico, fue desplazándose hacia el saneamiento institucional. Una depuración interna bajo persecuciones ideológicas y políticas, que también incorporó en ocasiones rivalidades académicas y personales preexistentes. En sintonía con el discurso de la época, también se amalgamó a la idea de “sanear” la administración pública y recortar el gasto público como vía para incrementar su productividad. Parte de estos discursos pueden apreciarse a partir de la reconstrucción de una de las sesiones del Consejo Directivo del INTA, acaecida el 14 de abril de 1981.

Con el retorno de la democracia, fue designado como interventor el ingeniero agrónomo Carlos López Saubidet, entre el 14 de diciembre de 1983 y el 12 de marzo de 1985. El 12 de septiembre de 1984 el INTA dirigió un mensaje a todo el personal que había sido dejado cesante durante la dictadura. En base a la modificación del cuerpo normativo que había amparado las cesantías en la administración pública (las leyes 21.260 y 21.274), el INTA procedió a reconvocar al personal afectado. La reincorporación estaba sujeta a la renuncia, por parte de los aludidos, a cualquier acción legal en contra del Estado y a la disponibilidad de vacantes internas (INTA, Res. 334/1984). Según relatan trabajadores del organismo, esta respuesta institucional fue también resultado de un conjunto de movilizaciones que auto-organizaron los cesanteados con el advenimiento de la democracia.

En simultáneo a un creciente endeudamiento externo, la crisis económica que experimentó el país se descargó sobre la clase trabajadora, mermada en su organización sindical y política. A nivel sectorial, el perfil liberal de las políticas agropecuarias y científico-tecnológicas que habían sido implementadas acompañó y apuntaló un creciente proceso de concentración de capital en el campo. Acompañado de fuertes cambios tecno-productivos, la contracara de la creciente expansión agrícola, con eje en la región pampeana, tuvo su contracara en el debilitamiento de las economías regionales, el desplazamiento de los agricultores menos capitalizados, y la precarización de los asalariados rurales. La herencia de las transformaciones producidas continuaría pesando para posterior configuración del sector.

Por entonces, el retorno de la democracia enfrentaba un conjunto de desafíos para reconstruir el tejido social, en los que la revisión histórica estaba llamada a ocupar un rol fundamental. A casi 40 años del inicio de la última dictadura, este aporte busca dar a conocer la historia de la intervención del INTA, y alentar a la contribución de nuevos datos que permitan completar el mapa, aún incompleto, de lo sucedido con algunos de sus integrantes. Un ejercicio de investigación que es, también, una herramienta de acción dirigida a conocer para transformar nuestro presente e iluminar nuestro futuro.

_ Gárgano, C. (2014) Ciencia, tecnología y dictadura. Producción de conocimiento e intervención militar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973-1983). Tesis doctoral, facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

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